La Confederación Europea de Sindicatos (CES), la principal organización sindical europea que representa a 45 millones de trabajadores a escala europea, se ha negado a aprobar la Brújula para la Competitividad, el plan de la Comisión Europea para impulsar la economía de la UE. En opinión de la CES, la Brújula en su forma actual es inaceptable. Hablamos con la secretaria general de la CES, Esther Lynch, sobre las principales objeciones de los trabajadores a la Brújula y el destino del pilar europeo de derechos sociales en un contexto de nuevos llamamientos en favor de una desregulación drástica y de un mayor énfasis en la competitividad.
Los sindicatos de la UE ya han manifestado su descontento con el plan más reciente de la Comisión Europea para reactivar la economía de la UE. En su opinión, ¿dónde reside el principal defecto de la Brújula para la Competitividad de la Comisión? ¿Qué propuestas del plan considera particularmente alarmantes o cuestionables?
El principal problema de la Brújula para la Competitividad de la Comisión Europea es que prioriza la desregulación frente a las inversiones necesarias para crear puestos de trabajo de calidad, desarrollar una política industrial europea sólida y garantizar unos servicios públicos de alta calidad. Del mismo modo, si bien la Brújula reconoce la importancia de los puestos de trabajo de calidad para una economía competitiva, en lugar de proponer la legislación necesaria para fortalecer los derechos, mejorar las condiciones de trabajo y promover la negociación colectiva, socava esta prioridad al promover la desregulación, que puede dar lugar a unas peores condiciones de trabajo y a inseguridad laboral.
Una de las propuestas más preocupantes es la introducción del 28.º régimen de empresas, que permitiría a las empresas operar al margen de la legislación laboral nacional. Esto podría socavar gravemente la legislación laboral en toda Europa, creando una competición a la baja en términos de derechos y protección de los trabajadores.
En esta misma línea, la prohibición de la sobrerregulación —la facultad de los Gobiernos de adoptar normas que vayan más allá o sean más exigentes que las normas mínimas establecidas por las Directivas de la UE— es profundamente problemática. La idea que subyace a las Directivas de la UE es que, a diferencia de los Reglamentos de la UE, establecen normas mínimas para todos los países. Hacer que las Directivas pasen a determinar el límite máximo de lo posible no solo socavaría esta idea, sino que sería profundamente perjudicial para los trabajadores y acarrearía la supresión de avances que ha costado mucho conseguir en materia de asistencia sanitaria, educación, salud y seguridad en el trabajo o remuneración justa, por citar tan solo algunos ejemplos.
Además, el llamamiento de la Brújula en favor de reformas de los sistemas de pensiones basadas en la prolongación de la vida laboral es problemático, ya que impone una carga desproporcionada a los trabajadores sin abordar la necesidad de unos sistemas de pensiones sostenibles y justos.
Además, la Brújula está muy sesgada en favor de las empresas, ya que contiene numerosas promesas dirigidas a los grupos empresariales, pero no incluye compromisos legislativos concretos que puedan beneficiar a la gente trabajadora. Esto incluye la falta de medidas para garantizar que las inversiones públicas se utilicen para crear puestos de trabajo de calidad en lugar de simplemente aumentar los beneficios empresariales.
En resumen, la Brújula para la Competitividad no concilia adecuadamente las necesidades de las empresas y los derechos y el bienestar de los trabajadores, lo cual la convierte en una propuesta inaceptable en su forma actual.
¿Considera que la aplicación del pilar europeo de derechos sociales podría ahora estar amenazada?
Sobre el papel, la Comisión ha vuelto a comprometerse con el pilar europeo de derechos sociales en su programa de trabajo para 2025, publicado recientemente. Sin embargo, en la práctica, ese mismo programa de trabajo es el primero desde 2019 en no incluir ninguna iniciativa legislativa social.
En cambio, la Comisión ha propuesto ocho actos normativos de «simplificación» para el próximo año. A nadie le gusta verse agobiado por los requisitos administrativos, y los sindicatos están proponiendo soluciones a este problema de manera activa en materia, por ejemplo, de normas sobre contratación pública.
Sin embargo, es evidente que los problemas a los que se enfrenta Europa no se resolverán mediante la simplificación.
La mayor amenaza para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales es la ola de despidos masivos anunciados en toda Europa. Esto pondrá en peligro los salarios y la seguridad laboral, pero también las pensiones, la protección social y muchos de los demás principios del pilar.
Es necesario garantizar las inversiones a fin de proteger y crear puestos de trabajo de calidad, incluido un instrumento SURE 2.0 y un mecanismo de inversión de la UE potente, así como introducir las iniciativas legislativas necesarias para garantizar unos puestos de trabajo de calidad.
Si no es mediante la reducción de la carga normativa, ¿cuál sería el rumbo adecuado para que la UE alcance una mayor relevancia en el actual contexto económico mundial?
Las condiciones que condujeron a estos despidos son imputables a la falta de inversión. Esto es así tanto en el caso de la inversión privada como en el de la pública.
Las empresas han estado reorientando sus inversiones para dirigirlas no a la remuneración de los trabajadores y a la investigación y el desarrollo, que tan necesarios resultan, sino a la distribución de dividendos y a las recompras de valores, que no llevan a ningún lado y suponen un obstáculo para los avances ecológicos y tecnológicos en Europa.
En los últimos años, los Estados Unidos y China han puesto en marcha importantes iniciativas de inversión pública. Mientras tanto, la UE estaba ocupada adoptando nuevas normas para obligar a sus Estados miembros a aplicar recortes en nombre de la austeridad.
La UE debe cambiar urgentemente de rumbo. Las inversiones públicas masivas —con requisitos sociales para garantizar que estas generen puestos de trabajo de calidad— son una condición previa para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
Esther Lynch es secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Tiene una amplia experiencia sindical a nivel irlandés, europeo e internacional y ha sido secretaria general adjunta y secretaria confederal de la CES. En el ejercicio de sus funciones, lideró los esfuerzos por impulsar los derechos de los trabajadores y los sindicatos, influyendo en las Directivas clave sobre salarios mínimos adecuados, condiciones de trabajo transparentes y previsibles y denuncia de irregularidades. También encabezó campañas en pro del pilar europeo de derechos sociales y de una remuneración justa. Su trabajo logró la adopción de quince límites jurídicamente vinculantes de exposición a carcinógenos, así como de acuerdos entre los interlocutores sociales sobre digitalización y reprotoxinas. Esther ha sido feminista durante toda su vida y aboga por poner fin a la infravaloración del trabajo realizado predominantemente por las mujeres.
La CES representa a 45 millones de miembros procedentes de 94 organizaciones sindicales en 42 países europeos, además de a diez federaciones sindicales europeas.
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