Por el Grupo de Trabajadores del CESE

Un protocolo de progreso social consagrado en el Derecho fundamental de la UE satisfaría las reivindicaciones de las personas trabajadoras que reclaman a Europa una protección social sólida.

Salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas constituyen un derecho esencial de toda persona que debe quedar garantizado para que la sociedad avance. Esta es la piedra angular de una economía social de mercado sólida que persigue obtener mayores beneficios económicos y de competitividad, al tiempo que establece políticas sociales para garantizar el progreso social y defender los valores democráticos. Ambos aspectos deben ir de la mano: esta fue una de las principales preocupaciones que las personas trabajadoras y la ciudadanía manifestaron durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Cuando la ciudadanía se informa sobre el mercado único, se pregunta de qué manera mejorará su vida cotidiana. La ciudadanía reclama una protección social sólida, una renta mínima, el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva, igualdad de oportunidades en el mercado laboral —lo que supone, entre otras cosas, poner fin al dumping social—, políticas fiscales justas, viviendas asequibles y la igualdad de género.

Un protocolo de progreso social brindaría ofrecería respuestas concretas a esas preocupaciones prácticas al promover y proteger las normas más estrictas en materia de derechos sociales y al impedir cualquier retroceso o elusión.

En un momento en el que los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia se encuentran cada vez más amenazados, la UE debe reafirmar su respeto por estos valores fundamentales situando la Europa social en el centro de sus ambiciones. La ciudadanía debe tener la seguridad de que sus derechos sociales no se verán orillados por la dinámica económica y del mercado, como ya ocurriera con las medidas de austeridad adoptadas en respuesta a la crisis financiera de 2008.

  • Véase también «El CESE respalda los llamamientos a priorizar los derechos sociales fundamentales frente a las libertades económicas con arreglo a la legislación de la UE» (más arriba)